El problema, hoy
Baja eficiencia en la detención. Solo al 30% de los que cometen delitos. Los delincuentes lo saben y eso los hace, paradojicamente, sentirse seguros.En lo inmediato, poner comisarías móviles en las zonas más peligrosas,
para que la policía cubra los lugares que hoy están desprotegidos.
Con formato tipo container o semirremolque, se pueden trasladar rápidamente a los lugares necesarios.
Así el Estado acerca la seguridad a la gente.
Asignar a gran parte de los 7.000 policías que hoy desarrollan tareas en comisarías custodiando detenidos, a tareas de prevención en las calles.
Actualmente el operador tarda 2 minutos en responder el llamado y el patrullero hasta 45 minutos en llegar al lugar del hecho.
Para los requerimientos de hoy es necesario triplicar el personal. Además es necesario descentralizarlo, hoy todo el conurbano se atiende desde La Plata con operadores que no necesariamente conocen la zona desde donde proviene la emergencia.
Enviar policías viales a controlar los ingresos a la provincia de Buenos Aires, y las ciudades con acceso a puertos, para terminar con el tráfico de drogas a través de la Provincia.
Una norma legal para que los "motoqueros" estén obligados a usar un chaleco con el número de patente de la moto. Sin chaleco no se podrá conducir y se incautará la moto. Así se podrá combatir a los "motochorros" (en las salideras bancarias entre otros delitos)
* El día 20 de enero de 2010 el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó una resolución disponiendo el uso de chalecos reflectantes con el número de patente impreso para las motos de delivery. Creemos que esta medida es un paso adelante, aunque con más implicancias en la seguridad vial que en la prevención de delitos, ya que la mayoría de los delitos cometidos por los denominados "motochorros" son realizados por motos de alta cilindrada, diferentes a los utilizados en tareas de delivery. Por eso insistimos en la necesidad de aprobar nuestro proyecto de ley (adjunto), que prevé el tema de chalecos para todas las motos y a nivel nacional.
Crear una nueva Secretaría dentro del Ministerio de Seguridad dedicada a mejorar la seguridad en la zonas necesarias. Por ejemplo poner iluminación, hacer obras viales o tareas de desmalezamiento.
Que los más de 70.000 vigiladores privados que hoy trabajan en la provincia de Buenos Aires estén en contacto con la policía.
Serán muy útiles para establecer un mecanismo de comunicación que prevenga delitos.
Creación de una red que provea información criminal entre todos los involucrados en la lucha contra la inseguridad. Es imprescindible que jueces, policías y fiscales compartan información. De esta manera, un fiscal de San Martín podrá tener inmediatamente datos sobre un delincuente de Bahía Blanca.
Concentrar recursos en la detección y el desbaratamiento de desarmaderos. Utilizar inteligencia criminal y helicópteros con este propósito. Ya lo hizo la Intendencia de Almirante Brown con buenos resultados.
Coordinar todas las agencias de regulación provinciales para controlar la producción, venta y distribución de estos químicos. Sin los precursores se terminan las cocinas de droga en la provincia.
Hay 1.500.000 de armas en situación irregular, la mayoria de ellas en la provincia de Buenos Aires. Es necesario mejorar los controles y lograr registrar más de esas armas y destruir otras tantas.
Utilización de un Mapa del Delito en tiempo real, para detectar donde, cuando y como ocurren los hechos delictivos. Con esta herramientas no solo podremos atacar el delito allí donde suceden los hechos, sino que también podremos identificar a los policías que trabajan bien de los que no.
Para despertar la productividad policial es necesario incorporar un régimen que premie con ascensos y remuneración al buen desempeño y la demostración de iniciativa. Iniciaremos inmediatamente programas de entrenamiento obligatorios en nuevas modalidades delictivas, tecnología disponible, técnicas para el manejo de situaciones de crisis, prácticas de tiro, entre otras.
Propiciamos la formación de equipos de trabajo conjuntos integrados por policías de calle y de investigación, junto con fiscales, para la coordinación de los trabajos orientados a la persecución de delitos complejos. Por este motivo sería recomendable regresar al esquema de 18 únicas departamentales de seguridad que coincida con los departamentos judiciales.
Resulta indispensable contar con un plan de financiamiento a mediano y largo plazo que permita encarar planes y programas articulado junto con el estado Nacional. Hoy en día el 85% del presupuesto de seguridad de la provincia se destina a salarios, por lo que es necesario implementar un programa único de incorporación y mantenimiento de material.
El problema, hoy
No se aplican las leyes. Tenemos muchas leyes y son duras, pero de cumplimiento blando. La legislación no ayuda, como debiera, al trabajo de la policía y la justicia.
Es necesario suplir con una ley el decreto de Néstor Kirchner que nunca fue aplicado y crear un nuevo plan de radarización para implementar ya mismo. Hoy para detener la entrada de la droga sólo está radarizado el 8% del espacio aéreo de nuestro país y entra droga.
Crear un fondo nacional destinado a la adquisición de material para la infraestructura en seguridad: radares, equipamiento y tecnología. De esta manera, se asegurarán los fondos para la continuidad de políticas a mediano y largo plazo.
Aprobar una ley para crear un registro de armas y balas de todo el país. Que prevea un anexo de registro para las armas incautadas. También deberá controlar la venta de municiones a usuarios legales.
Para que los jóvenes sean penalmente responsables desde los 14 años, es fundamental trabajar en su recuperación y en la reinserción. Para hacer frente a la problemática en el corto plazo, el proyecto contempla condiciones mínimas de aplicación que hacen posible la adaptación a la realidad de cada provincia..
Implementar una única base de datos sobre antecedentes penales, causas en trámite, pedidos de captura, reincidencia, modalidades delictivas y evolución en la cantidad de delitos. Deberán tener acceso todas las fuerzas de seguridad y lo poderes judiciales de todo país.
Crear un cuerpo de investigación dependiente del Ministerio Público que colabore en la persecución de delitos auxiliando a los fiscales y a la justicia. Son imprescindibles las investigaciones técnicas bien dirigidas para obtener resultados que permitan a la justicia dar una respuesta eficaz.
El problema, hoy
Las causas no llegan a juicio. De las causas que se abren la gran mayoría no avanza, sólo el 5 % va a juicio y, de las que van, solo reciben condena el 1,4 %.
Para restituir su equilibrio y reducir la influencia política. Esto garantizará la independencia judicial. Incrementar el poder de decisión sobre su propio presupuesto.
Las exigencias actuales de un juicio rápido hacen insoslayable el uso de las herramientas tecnológicas existentes, que no implican grandes inversiones y son de aplicación en el corto plazo.
Los procesos deben tender a la oralización. Hasta alcanzar la reforma total del sistema deben implementarse audiencias orales e inmediatas a la comisión de los delitos, para acelerar las investigaciones y reducir los tiempos del proceso.
Incorporación de la tecnología necesaria para la creación del expediente digital. Algunas de sus ventajas son: acceso inmediato; ahorro de tiempo para la presentación de pedidos; menos concurrencia de abogados y público a los juzgados. Ahorro de tiempo y recursos.
Las notificaciones insumen las dos terceras partes del tiempo de la duración del proceso. Las notificaciones deben hacerse por vía electrónica, utilizando los medios ya existentes.
Utilizar métodos alternativos como la justicia vecinal y la mediación para tratar los casos de menor cuantía y complejidad. Así se evita la judicialización de todos los conflictos, disminuyendo el colapso. Procedimientos simples al alcance de la gente.
Los delitos complejos son diseñados por especialistas. Es necesario reforzar las Fiscalías encargadas de investigarlos y crear las que sean necesarias, con profesionales de las áreas que se requieran para desbaratar organizaciones delictivas, con una actuación protagónica en las causas.
Casi el 80% de las causas son NN. Es necesario generar equipos de fiscales que investiguen y detecten modus operandi similares para identificar a los autores ignorados y a la vez descompriman las dependencias que tienen a cargo la investigación de casos con autor conocido.
Establecer una base de datos con información nacional y provincial sobre antecedentes y juicios en curso al alcance de todos los fiscales, jueces y policías del país. Que sea accesible vía internet en tiempo real.
El problema, hoy
No se cumplen las condenas. Los delincuentes condenados salen de la cárcel antes de tiempo. Hoy sólo cumplen la condena completa uno de cada tres presos
De esta manera se evitará la escuela del crimen. Hoy el 80% de los presos son procesados, la convivencia con los condenados es nociva para unos y otros. Cada grupo requiere un tratamiento y control diferenciado.
Hoy hay 1 guardia-cárcel cada 60 detenidos. Necesitamos incorporar de manera inmediata personal penitenciario retirado para las unidades penales y los centros de detención, de forma tal de evitar las consecuentes fugas de las comisarias y los motines en los penales.
El personal que controla a los liberados es insuficiente y requiere mayor capacitación. Hoy hay sólo 1 asistente cada 80 liberados en la Provincia de Buenos Aires. La reincidencia es del orden del 60%, en gran proporción debido a la falta de control.
Priorizar programas de reinserción disminuye la reincidencia y otorga sentido al encarcelamiento. Tanto el Estado como la Sociedad deben comprometerse para colaborar en pos de recuperar a los condenados y disminuir la inseguridad.
En las cárceles menos del 3% de los detenidos estudia. A través de estos programas se disminuye la reincidencia y se otorgan herramientas que permiten una correcta resocialización.
Hoy hay programas aislados que dependen de la iniciativa privada. En las cárceles menos del 5% de los detenidos trabaja. El 60% de los excarcelados reincide por falta de inserción laboral. A través de estos programas, las cárceles podrán contribuir al desarrollo de las pymes. Esto aumentará la posibilidad del detenido de conseguir un trabajo después de cumplir su condena.
